Los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia cerraron filas el lunes a favor de Pedro Castillo, el presidente de Perú destituido después de su intento por disolver el Congreso desatando una crisis en el país.
En un comunicado conjunto los cuatro gobiernos expresaron una “profunda preocupación” por la remoción y detención de Castillo, a quien aún reconocen como presidente de Perú, y solicitaron que le sean respetados los derechos humanos y garantizada la protección judicial.
En medio de la crisis, Dina Boluarte —quien era la vicepresidenta de Castillo— asumió el miércoles como presidenta del Perú y ha dicho que propondrá al Parlamento adelantar las elecciones a abril de 2024 como parte de una concesión a los manifestantes.
Sin embargo, los cuatro gobiernos que defienden a Castillo exhortaron a quienes “integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, agrega el pronunciamiento.
Los cuatro gobiernos aseguran que el líder ha sido “víctima de un antidemocrático hostigamiento” desde que asumió el poder en julio de 2021, lo que según los firmantes es violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El primer ministro de Perú, Pedro Angulo, expresó su rechazo al comunicado, que atribuyó a un “desconocimiento de la realidad”.
La Cancillería peruana emitió un comunicado más tarde en el que aseguraba que el cambio de liderazgo se había hecho de acuerdo a la Constitución del país andino tras las “decisiones contrarias al orden constitucional y democrático” tomadas por Castillo.
Desde que estalló la crisis política en Perú, el presidente colombiano Gustavo Petro ha expresado su solidaridad con Castillo y solicitó públicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expedir medidas cautelares a su favor. “Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”, aseguró el presidente de izquierda el 8 de diciembre en su cuenta de Twitter.
La Cancillería argentina, por su parte, había expresado su preocupación por la crisis política del Perú e hizo un llamado a los actores políticos y sociales a resguardar las instituciones democráticas y el Estado de derecho.
México ha sido clave para Castillo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que abrieran las puertas de la embajada para refugiarlo tras ser destituido, pero el peruano no pudo llegar a la sede diplomática porque fue detenido en el camino.
Su solicitud de asilo, sin embargo, sí llegó aunque de forma inusual. Según explicó el gobierno mexicano fue a través de una carta de su abogado que luego fue ratificada por el propio embajador mexicano, Pablo Monroy, cuando fue a ver a Castillo a la cárcel.
El apoyo del presidente mexicano ha generado tensiones diplomáticas. Después de que calificara la destitución de Castillo como un “golpe blando” y de decir que necesitaban analizar si reconocer o no a Boluarte, la cancillería peruana convocó al embajador Monroy para transmitirle que las palabras de López Obrador constituían una “injerencia en los asuntos internos de Perú y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes”.
López Obrador insistió en que lo que hacía valer México es su tradición de asilo y dijo que él solo estaba opinando y no interviniendo.
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