El contralor general de la República, Elvis Amoroso, informó este viernes 5 de junio la inhabilitación del exalcalde del municipio Guanta (Anzoátegui), Jhonathan Marín, por presunto actos de corrupción. Este ciudadano quedara inhabilitado por quince años. Además agrego que también fue inhabilitado el exalcalde del municipio Chacao (Miranda), Ramón Muchacho. Por causas similares.
Amoroso afirmó que tras una investigación que se extendió por seis meses se concluyó que durante la gestión del hoy prófugo de la justicia venezolana hubo malversación de fondos por más de 38 millones de dólares. Indicó que se establecerán las sanciones administrativas soportadas en el artículo 105 de le Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Entre los hechos en los que estarían involucrado Marín figuran irregularidades administrativas y civiles en los ejercicios fiscales de los años 2009, 2013,2014 y primer trimestre de 2015, por no haber realizado las diligencias tendientes a preservar y resguardar los bienes del referido municipio.
Entre el 2009 y 2013 le fueron aprobados recursos por más de 388 millones de bolívares, lo que equivale a más de 38 millones de dólares, de los cuales no se presentó ante la Contraloría la documentación justificativa de las operaciones administrativas financieras y presupuestarias efectuadas.
Amoroso detalló que la Alcaldía de Guanta presentó el proyecto para la rehabilitación y acondicionamiento turístico en el Parque Recreacional La Sirena, ubicado en la parroquia Chorrerón de Guanta, para la cual se le entregó más de 1 millón 630 mil bolívares y el cual no se ejecutó.
«Es alarmante de que se desvíen fondos otorgados para el beneficio de los ciudadanos que habitan en esos municipios y los usen los alcaldes para su enriquecimiento personal», detalló el contralor al anunciar que también fue inhabilitado el exalcalde del municipio Chacao (Miranda), Ramón Muchacho.
Esta medida implica que ambos exfuncionarios públicos no podrán ejercer cargos públicos por un lapso de 15 años. Asimismo, la Contraloría solicitó al Ministerio Público tomar acciones penales para estos ciudadanos implicados en hechos de corrupción.
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