Un juez federal de Miami ha concedido 153 millones de dólares por daños y perjuicios a la familia de un abogado venezolano exiliado que fue atraído a su país por el secuestro de su padre para acabar encarcelado durante dos años bajo cargos falsos de trabajar como “terrorista financiero” socavando el régimen de Nicolás Maduro.
Carlos Marrón interpuso la demanda tras huir de Venezuela y describir a The Associated Press las palizas, asfixia y otros abusos que afirma haber sufrido durante su detención.
Su calvario le valió una dura reprimenda del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que determinó que había sido detenido arbitrariamente por supuestamente operar un sitio web que publicaba el tipo de cambio del errático bolívar venezolano en el mercado negro por dólares estadounidenses, algo que el régimen socialista consideraba un delito.
El fallo emitido el lunes es el segundo de este tipo en los últimos meses que apunta al régimen de Maduro por sus presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en virtud de una ley federal poco utilizada que permite a las víctimas estadounidenses de grupos terroristas extranjeros embargar los bienes de sus victimarios. En septiembre, otro juez federal concedió 73 millones de dólares a la familia de un destacado opositor a Maduro que murió tras caer desde el décimo piso de un edificio perteneciente a los servicios de inteligencia de Venezuela en lo que el tribunal estadounidense comparó con “un asesinato por encargo.”
Al igual que en el caso anterior, Marrón acusó en su demanda a Maduro de dirigir el “Cartel de los Soles”, una supuesta red de contrabando de drogas en la que participan altos cargos venezolanos y guerrilleros de las FARC -un grupo designado terrorista por la legislación estadounidense- que supuestamente envía 200 toneladas métricas de cocaína de Venezuela a EEUU cada año.
El juez Federico Moreno dictó una sentencia en rebeldía contra Maduro y otros cinco funcionarios -entre ellos Tarek William Saab y Maikel Moreno- por no haber respondido a la demanda. En ella, Moreno escribió que los funcionarios eran responsables del encarcelamiento ilegal de Marrón porque estaban tratando de cerrar su negocio de Florida, considerándolo una amenaza para una “organización criminal” basada en el tráfico de narcóticos, actos de terror y violaciones de los derechos humanos.
“Los acusados intercambian drogas por divisas fuertes. La moneda fuerte permite a los Acusados mantenerse en el poder en Venezuela. Los acusados aprovechan ese poder para secuestrar y torturar a disidentes” como Marrón, escribió Moreno en una sentencia de 13 páginas que beneficia a Marrón y a su familia.
Marrón, de 45 años, fue detenido por la unidad de contrainteligencia militar venezolana (Dgcim) en abril de 2018 sin una orden judicial a su llegada al aeropuerto internacional de Caracas. Se había visto obligado a viajar a Venezuela desde Miami -su hogar durante la década anterior- al enterarse de que su padre había sido detenido por funcionarios del Estado.
Era una trampa elaborada para castigar a Marrón por el dominio de un sitio web, dolarpro.com, que había comprado años antes como perspectiva de negocio pero que, según dice, nunca llegó a desarrollar. Bajo la dirección de un amigo, el sitio web empezó a publicar noticias e información sobre el tipo de cambio en el mercado negro del país, que difería enormemente de las cifras oficiales.
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