La Jurisdicción Especial para la Paz acaba de notificar la decisión de dejar en firme la imputación por el delito de esclavitud en el marco del Caso 01, “Toma de Rehenes y graves privaciones de la libertad”, y otros crímenes concurrentes cometidos por la Farc.
La Procuraduría había hecho la petición que terminó acogiendo la JEP. Las Farc no aceptaban su responsabilidad en este delito puntual, sin embargo, el documento conocido por SEMANA señala:
“En consecuencia, la Sala revoca la expresión “requerir a los siguientes comparecientes complementar su reconocimiento con fundamento en el literal q) del artículo 79 de la Ley 1957 de 2019″, contenida en la primera parte de dicho numeral; pero, CONFIRMA la atribución de responsabilidad penal individual contenida en los párrafos subsiguientes del respectivo numeral sexto, en los términos del literal C.1. de la parte motiva de este Auto”.
Tan pronto se conoció la noticia, SEMANA contactó al abogado Juan Camilo Sanclemente, defensa de varios familiares de los diputados del Valle del Cauca, quien explica que reciben “con agrado” la decisión de la JEP en mantener la imputación a los integrantes del secretariado de las Farc por el delito de esclavitud, “ya que existen muchos casos de secuestrados que fueron sometidos obligatoriamente a trabajos forzados, sin embargo lamentamos la postura de algunos integrantes de las Farc que indicaron que los secuestrados realizaban trabajos cuando estaban aburridos, pues afirmaciones como esas solo causan revictimización y además quedamos pendiente a que la JEP se pronuncien sobre la solicitud de imputarles el delito de perfidia, el cual no hizo mención el tribunal a nuestra petición”, señaló.
Precisamente fue la Procuraduría General de la Nación la que le comunicó a la JEP que es “determinante que los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconozcan que existieron órdenes en las filas guerrilleras de matar a secuestrados en casos de insubordinación e intentos de rescate, y que no tenían protocolos claros ni definidos que buscaran garantizar la vida por encima de cualquier otro propósito”.
Frente a este tema, quien señaló esto fue el procurador delegado con Funciones de Coordinación e Intervención ante la JEP, en la audiencia de observaciones de las víctimas del Caso 01 “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, que se desarrolló en Bogotá, al pronunciarse sobre la necesidad de que los excombatientes de las Farc-EP cumplan con sus compromisos de verdad.
Según el delegado, frente a los reconocimientos individuales ante la JEP, la Procuraduría evidenció una constante ausencia de responsabilidad en hechos en los que los comparecientes participaron directamente: “El lenguaje apuntó siempre a una idea en general: aceptar responsabilidad por la política de secuestros, pero por haber pertenecido a las FARC o por haber estado en el Secretariado”.
En este caso, la respuesta de la JEP señala que pese el documento señala: “Tal como sucede con los casos de violencia sexual, desplazamiento forzado y las torturas y tratos inhumanos, la imposición de trabajos forzados puede haberse dado en el marco de circunstancias desconocidas por los mandos superiores de la organización.
Sin embargo, los casos de trabajos forzados fueron parte del repertorio de situaciones sufridas por las víctimas durante el cautiverio y responsabilidad de los superiores en los términos del Auto 19. Así, si estos hechos se dieron en circunstancias desconocidas por los mandos superiores de la organización, era de su responsabilidad prevenir y sancionar este tipo de conductas contra los y las cautivos”.
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