Familiares, madres, padres, esposas, hijos, tíos, vecinos y amigos de los funcionarios de la policía municipal que se encuentran detenidos en el CICPC del municipio Boconó, estado Trujillo desde hace 2 años y 2 meses, solicitan a la Comisión de Política Interior que se manifieste ante el fallo que consideran injusto, emanado por el tribunal de Trujillo.
Según indican los familiares el pueblo de Boconó ha hecho llegar sus palabras de solidaridad, indicando a través de un comunicado que se encuentran consternados ante la medida, puesto que la condena es excesiva y no se ajusta a derecho, cuando las pruebas y declaraciones emitidas por la víctima son negativas.
Explican en el documento que la orden emanada a través del decreto presidencial N 4.198 de fecha 12-05-22 y los funcionarios recibieron órdenes directas del Alcalde, hoy fallecido, Luis Hidalgo, donde proceden a cumplir dicha orden asistiendo a un local, cumpliendo la orden del director de la policía municipal de Boconó, al llegar al local donde se estaba incumpliendo con el decreto descargando a altas hora de noche, allí los dueños del local se alteraron e hicieron resistencia a la autoridad, golpeando a una funcionaria femenina.
Retardo procesal
Para los allegados de los oficiales no es justo que los funcionarios detenidos, quienes tuvieron un retardo procesal de 2 años y 2 meses, reclaman que los expedientes estuvieron más de un año secuestrados (guardados) en el TSJ por lo que cual cuando vino el Plan Cayapa al municipio no se logró canalizar la defensa de los funcionarios detenidos.
Cuando lograron canalizar y traer los expedientes al estado Trujillo, se comenzó la apertura del juicio el día 3 de febrero del año 2022, donde la mayoría de las víctimas no hicieron presencia. En este caso la juez desestimó la prueba anticipada por no tener fundamentos y las víctimas no asistieron al juicio.
Los familiares indicaron que tras varias asistencias al tribunal se presentó la única víctima (la dueña del local) declarando que en ningún momento fue maltratada ni física, ni verbalmente por ninguno de los funcionarios presentes, diciendo que no reconocía a ninguno como agresor.
Pruebas
En la prueba (luminol) de arma de fuego arroja todo negativo al ser expuesta a prueba de sangre, en el video no aparece ninguna actitud agresiva por parte de los funcionarios, pero se escucha a las personas dentro del local con palabras obscenas.
Por este y otros motivos los familiares de los funcionarios detenidos rechazan la sentencia exabrupta por parte del juez ya que consideran que no tienen pruebas, ni fundamentos para la pena máxima de 30, 35 y 18 años de cárcel, ellos no golpearon, no cortaron, no mataron y torturaron a nadie, por lo que piden justicia.
El documento está firmado por los familiares que esperan el apoyo de las autoridades y la sociedad civil para resguardar los derechos de sus allegados.
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