La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez se declaró inocente este viernes en el juicio por golpe de Estado en 2019 contra su antecesor, Evo Morales, poco después de dictarse la sentencia. Sin embargo, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó a Áñez y a otros dos exjefes militares a 10 años de prisión en el juicio por el caso denominado “Golpe de Estado II”.
«Hice lo que tenía que hacer, asumí la presidencia por compromiso… Lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad«, aseguró la expresidenta derechista de 54 años a los jueces de la corte, que la visitaron en el penal de La Paz donde está recluida desde marzo de 2021.
“Todos saben que soy inocente”, agregó laa exgobernante de facto, que gobernó entre 2019 y 2020, mientras decenas de manifestantes afuera del penal exigían su sentencia.
Sin embargo, las razones de la expresidente no convencieron al Tribunal Primero de Sentencia de La Paz. Áñez fue sentenciada este viernes a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución cuando polémicamente asumió la presidencia en 2019.
Tras una deliberación de más de ocho horas, la Corte determinó que la exsenadora cumpla su condena en el penal de Miraflores, donde se encuentra en prisión preventiva desde hace más de un año.
Áñez ha estado en juicio junto a exjefes militares desde febrero. Dos de ellos también han sido condenados a la misma pena que la derechista, cuya imputación fue por haber asumido inconstitucionalmente la presidencia en noviembre de 2019 tras el derrocamiento de Morales en medio de multitudinarias protestas por un presunto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), Ella, en cambio, se define a sí misma como una «prisionera política«.
Tras varias interrupciones, el juicio se reanudó el lunes y este viernes llegó a su fin con la condena.
Antes, la Fiscalía había pedido que Áñez fuera condenada a 15 años de prisión. Uno de sus abogados, Luis Guillén, denunció esta semana que «intentan forzar» un veredicto de culpabilidad. Áñez, su defensa y la oposición denuncian presiones del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) para una pronta condena.
“Es una desconsideración someterme a horas agotadoras, porque mi salud no me lo permite”, dijo Áñez el jueves.
La expresidenta perdió el control durante unas audiencias, se declaró en huelga de hambre durante dos semanas al inicio de su juicio y se cortó el brazo en agosto de 2021.
Este viernes, un grupo de 23 expresidentes de países iberoamericanos pidió a la ONU y a la Unión Europea «repudiar la intención de condenarla arbitrariamente«.
otro proceso
Otro caso contra la expresidente, por sedición, terrorismo y concierto para delinquir, se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún no hay cargos formales.
Según Guillén, “se siguen dos procesos por un mismo hecho”, algo que vulnera un principio general del derecho.
Además, subrayó que “no puede ser un tribunal ordinario el que decida lo constitucional”, pero un recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional por esa razón no prosperó.
El letrado enfatizó que no corresponde juzgar a un expresidente por la vía ordinaria, sino que se debe hacer un juicio de responsabilidades en el Congreso.
Los querellantes -gobierno de izquierda, Fiscalía y Congreso- argumentan que se está juzgando la actuación de Áñez anterior a su gobierno, por lo que corresponde un juicio ordinario.
La expresidente también fue señalada por “genocidio” -que conlleva penas de prisión de entre 10 y 20 años- tras la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre de 2019.
Un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en convenio con Bolivia registró 22 muertos en estos hechos, que calificó de «masacres» y encontró «.
Pero a diferencia de las otras acusaciones, este caso será atendido por el Congreso, que decidirá si se realiza o no un juicio de responsabilidades en su contra.
El informe de la CIDH también cuestiona la independencia del sistema judicial boliviano.
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