La CPI emite orden de arresto contra Vladimir Putin

"Hay bases razonables para pensar que el señor Putin tiene una responsabilidad criminal individual por los crímenes mencionados", ha anunciado la Corte en un comunicado

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La Corte Penal Internacional de La Haya ha emitido hoy viernes una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra cometidos en Ucrania desde el 24 de febrero del 2022, en concreto la deportación ilegal de niños y el desplazamiento forzoso de personas, entre ellas menores de edad, desde las áreas ocupadas de este país a la Federación Rusa.

Los jueces también han emitido una orden de detención internacional contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial para los derechos del niño de Rusia, por su presunta responsabilidad en algunos de estos actos. 

«Hay bases razonables para pensar que el señor Putin tiene una responsabilidad criminal individual por los crímenes mencionados», ha anunciado la Corte en un comunicado, bien por haber cometido esos actos «directamente, junto con otros o a través de otros», por su incapacidad para «controlar adecuadamente a sus subordinados civiles y militares» que han cometido estos actos o los han permitido, personas que estaban bajo su «autoridad y control» y sobre las que tiene «una responsabilidad superior». Lvova-Belova, por su parte, está acusada de cometer estos actos u ordenarlos.

A pesar del interés por proteger la investigación en marcha, ante el convencimiento de que estas conductas «presuntamente se siguen produciendo·, la II Cámara preliminar de la Corte ha considerado que «va en interés de la justicia» autorizar la publicación de estas órdenes ya que su publicidad puede contribuir a la prevención de nuevos crímenes, informó La Vanguardia.

En los últimos días, se había especulado con la posibilidad de la CPI abriera también una causa contra las autoridades de Rusia por los ataques contra infraestructuras de guerra pero por el momento La Haya solo ha dado el paso con relación al secuestro de niños, unos hechos por los que la Unión Europea ha sancionado a varios políticos rusos y que está investigando junto con Polonia.