Maletas hechas, propiedades vendidas, pasajes comprados y documentos enlistados, es la rutina de los millones de venezolanos que han huido de Venezuela ante una crisis multidimensional y con diversas capas de complejidad que ha erosionado al mismísimo núcleo de la sociedad.
Las cifras que manejan organizaciones como el Observatorio Venezolano de Migración o la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) indican que hay más de 7 millones de venezolanos que abandonaron el país. A pesar de que son casi una cuarta parte de los 30 millones de habitantes, según estima el Instituto Nacional de Estadística (INE) a falta de un censo que actualice los resultados del hecho en 2011 —, la diáspora es un fenómeno que no se puede reducir a un simple número.
La marcha de este grupo masivo de venezolanos se traduce en una desgracia para otros millones de individuos y centenares de miles de familias enteras. Se evidencia en las decenas de muertes en la selva del Darién y de naufragios en Güiria, en los más de 1,5 millones de niños separados de sus padres, en las mujeres víctimas de redes de trata de blancas. El impacto, desde el punto de vista humano, es imposible de cuantificar.
Pero este proceso también tiene sus consecuencias en otras sociedades. Los países receptores de migrantes han lidiado con la crisis desatada por la gestión de Nicolás Maduro. Se observan marchas y protestas con tintes xenofóbicos, rechazo y medidas gubernamentales que intentan frenar la adopción de la migración venezolana.
Estados Unidos es el ejemplo más reciente de esta situación. En los últimos 12 meses la nación norteamericana recibió a 199.913 venezolanos, según datos de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La mayoría de esta población viajó a través de Centroamérica, cruzando la peligrosa selva del Darién para llegar a Panamá y luego completar la travesía por varios países centroamericanos.
El flujo migratorio de venezolanos hacia Estados Unidos tuvo una reducción importante durante 2020 a causa de las restricciones de movilidad ocasionados por la pandemia, pero la frecuencia empezó a aumentar desde febrero de 2021 y encontró su mayor punto desde junio de 2022
Después de que se triplicara el flujo de migrantes con respecto a septiembre del año pasado, el presidente Joe Biden tomó la decisión de modificar las condiciones para la recepción de esta población en su país. De una bienvenida con brazos abiertos, ahora solo aceptarán a 24.000 venezolanos que tengan un pasaporte válido y un patrocinante en EEUU dispuesto a ofrecerle hospedaje y apoyo financiero.
Factores políticos —principalmente asociados al Partido Republicano— califican a esta ola de ingresos al país como una «invasión», impulsando una narrativa en contra de la inmigración latina, a pesar de que los datos respalden el impacto positivo que tiene la presencia latinoamericana en Estados Unidos.
De acuerdo con un estudio elaborado por académicos de la Universidad Luterana de California y el Colegio de Medicina David Geffen de la Universidad de California, el aporte de la comunidad latina a la economía estadounidense es enorme.
Según esta publicación, los latinoamericanos forman parte del grupo migratorio que más peso tiene en el producto interno bruto (PIB) estadounidense. Para 2020, la comunidad latina aportó 2,1 billones (millones de millones) de dólares, es decir, 10% del PIB.
Para poner en perspectiva este número, el PIB que generó la comunidad latina en EEUU en 2020 superó al tamaño de la economía de Italia ($1,8 billones), Canadá ($1,6 billones), Rusia ($1,4 billones) España ($1,2 billones), Países Bajos ($913.900 millones), entre otras potencias del «primer mundo».
Aunque no hay un dato específico sobre la porción de la población venezolana dentro del aporte latino al PIB estadounidense, los más de 530.000 venezolanos conforman una fuerza laboral importante.
«Partiéndose el lomo» en Estados Unidos
Un editorial publicado en septiembre por The Washington Post resalta la importancia que tiene el latino para las necesidades presentes y futuras de Estados Unidos, ante una población que envejece y una industria enorme que se queda sin mano de obra.
«Sin una política de inmigración con más visión a futuro y estrechamente alineada con las demandas de mano de obra en una economía famélica de trabajadores, las perspectivas de crecimiento económico a largo plazo de la nación se verán perjudicadas», indica el artículo.
El coordinador del Red Global de la Diáspora de Venezuela, Tomás Páez, coincide con este panorama. Razona que EEUU necesitará una gran cantidad de inmigrantes para satisfacer las necesidades de mano de obra de su economía.
«Estados Unidos, para mantener tasas de crecimiento, va a necesitar mucha mano de obra, muchos inmigrantes. Va a necesitarlos porque tiene una tasa de longevidad muy grande, una tasa de crecimiento de la población que en algunos lugares es negativo. Entonces, se necesita mucha mano de obra para seguir creciendo», explicó.
Debido a este horizonte, en EEUU y la migración venezolana pueden retroalimentarse. Por un lado, se encuentra un país que necesita trabajadores, por el otro, una población que está desesperada por trabajar fuera de Venezuela bajo unas condiciones que le garantizarán una mejor calidad de vida.
El perfil laboral del venezolano es especialmente solicitado en EEUU y su ingreso per cápita suele superar al de otros grupos de migrantes. Su nivel de formación, sus capacidades laborales y las facilidades que ha habido para el ingreso y la normalización de su estado migratorio, son elementos que facilitan la inserción laboral.
«No tengo los datos específicos del aporte de la diáspora venezolana, pero sabemos que todas aportan al PIB. El ingreso per cápita de los venezolanos en Estados Unidos está por encima de muchas otras nacionalidades latinoamericanas y, en consecuencia, el aporte a la demanda agregada y a la producción es muy grande. Ahí está participando la diáspora venezolana», argumentó Páez.
Años atrás, antes de que el volumen de la migración fuera masivo, EEUU se benefició de procesos migratorios más tímidos. Después del paro petrolero de 2002 y la reestructuración de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por parte del chavismo, cientos de profesionales del sector abandonaron el país en busca de oportunidades. Un grupo aterrizó en la nación norteamericana y aportó a su industria petrolera.
Una tesis doctoral elaborada por el investigador venezolano especializado en migración de la Universidad Nacional Autónoma de México, Manuel Gerardo Delgado-Linero, ahonda en los perfiles profesionales que aprovechó la industria petrolera en el extranjero. Para ese trabajo, el académico entrevistó a 35 profesionales venezolanos que trabajan en el sector, específicamente en las ciudades de Villahermosa (México) y Houston (Estados Unidos).
El cuadro hace referencia a profesionales con estudios de cuarto nivel en las áreas de ingenierías petrolera, eléctrica, geóloga, industrial, instrumentista, mecánica y química. La mayoría de los entrevistados se asentaron en sus respectivas ciudades en momentos específicos: un primer grupo entre 2002 y 2005, a raíz del paro petrolero; el segundo entre 2007 y 2010, tras la reelección de Hugo Chávez como presidente; y un tercero a partir de 2012, cuando la economía venezolana emprendió su caída.
Ahora la realidad es distinta. Lejos de una migración planificada, la movilidad tiene más tintes de escape de un país que padece una crisis humanitaria, en busca de cualquier destino mejor. Los migrantes se ven en la obligación, entonces, de conformarse con el trabajo que encuentren, en lugar de optar por un puesto que encaje con sus aptitudes profesionales o preparación académica.
Educadores, periodistas, ingenieros, arquitectos, físicos, abogados y muchos otros profesionales rebajan sus pretensiones laborales. Muchos se resignan a oficio en el área de limpieza, cuidado de niños, jardinería o, en caso de que puedan trabajar formalmente para una empresa, se insertan en los eslabones más bajos de la industria.
Pierina García, de 49 años, es una docente que abandonó Venezuela junto con toda su familia a mediados de 2015. Viajó a EEUU con la idea de emprender y, siete años después, ha pasado por toda clase de trabajos. Entre sus intentos de instaurar una empresa familiar, ha limpiado casas y ha cuidado niños.
Asegura que hay miles de relatos que podría contar cualquier venezolano en EEUU que se tope con la realidad de trabajar más de 12 horas diarias los siete días a la semana, sin descanso alguno en un país que nunca deja de generar bienes y servicios que no siguen el ritmo de una demanda insaciable.
Su familia sintetiza la realidad de la migración venezolana. Aunque fueron beneficiados con políticas migratorias más amigables frente a venezolanos en comparación con otras nacionalidades, recibiendo el Estatus de Protección Temporal (TPS), ningún miembro profesional de la familia puede dedicarse a lo que estudió en Venezuela.
«Mis hijos son profesionales, pero aquí no pueden ejercer porque solo les validan una materia. Hace poco, mi hijo sacó una licencia de seguros, mientras que mi hija ha hecho muchos cursos y talleres, pero nada relacionado con lo que estudió en Venezuela», detalló.
Profesionales capacitados en diversas áreas deben desempeñarse en labores no profesionalizadas, pero en lugar de ser considerados una mano de obra más económica, los venezolanos tienen una posición que goza de cierto privilegio entre los grupos inmigrantes.
De acuerdo con García, su experiencia compitiendo en el mercado laboral estadounidense le ha enseñado que los extranjeros más explotados y peor pagados en EEUU son los mexicanos y los hondureños. La explicación es sencilla: los más perjudicados son quienes no tienen papeles.
Los empleadores son frontales al respecto. Al momento de contratar, suelen especificar tarifas distintas para quienes están legales en el país y quienes no. Sin tapujos, marcan una diferencia que ignora cualquier aptitud, capacidad, nivel académico o experiencia profesional. Toman en cuenta un documento.
«Aquí te lo dicen de frente: Con papeles 20 dólares la hora. Sin papeles, 12,50 dólares la hora», afirmó.
Para Páez, esta es una irregularidad que debe resolverse y EEUU debe hacer énfasis en una política migratoria que se empeñe en regularizar a más de 10 millones de inmigrantes que no tienen un estatus legal en el país.
«Se necesita una política migratoria actualizada que atienda los procesos de regularización para normalizar a los más de 10 millones de migrantes que están indocumentados desde hace 10 años. Las políticas que tienden a regularizar favorecen aprovechamiento del capital humano y minimizan esas industrias diaspóricas que crecen al rededor de la frontera», reflexionó.
Buscando lugar en América Latina
El foco de atención migratorio está actualmente en Estados Unidos por la crisis de los meses recientes. El «sueño americano» enamoró a miles que decidieron fijar como destino Norteamérica. No obstante, las cifras muestran que la enorme mayoría permanece en el sur.
De los 7.100.100 refugiados y migrantes venezolanos que contabiliza R4V, unos 5.960.556 (84%) se concentran en países de América Latina y el Caribe. La mayoría se agrupan en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, Panamá, República Dominicana y México, en ese orden.
La presencia de venezolanos en estos países obedecen a varias razones bastante claras: la cercanía, el idioma y las facilidades que otorgan los Estados para la legalización de migrantes
En cada país se ha instaurado una dinámica distinta para recibir a la migración y la inserción laboral ha sido un proceso diferente en cada caso. En un trabajo desarrollado en conjunto por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Fundación Konrad-Adenauer y el Observatorio Interamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo (Obimid), se explora la realidad que afrontan los venezolanos en el mercado laboral latinoamericano.
En el informe, denominado Inserción Laboral de la Migración Venezolana en Latinoamérica, los investigadores describieron las dinámicas en las que entraban los venezolanos al intentar desempeñarse laboralmente en distintos países receptores.
Cada país presenta sus propias características y complejidades en el proceso de inserción laboral de venezolanos. En el caso de Colombia, por ejemplo, destacan los mecanismos de regularización implementados para garantizar la movilidad fronteriza y el acceso a derechos para los inmigrantes, mediante instrumentos como la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) o el Permiso Especial de Permanencia (PEP).
De acuerdo con las cifras de Migración Colombia, hasta febrero de 2022 permanecían 295.038 venezolanos irregulares en el país. El restante de la población se divide entre regulares, autorizados y amparados por el estatuto temporal de protección.
La colocación de tantos ciudadanos en el mercado laboral colombiano es un reto complejo. El Estado ha implementado registros para facilitar el acceso al trabajo sin contravenir a las postulaciones de los propios colombianos, asignando a venezolanos a empresas donde existen vacantes de difícil colocación o pocas postulaciones.
Pero para una buena porción de venezolanos en Colombia, especialmente aquellos sin documentación y en una condición de vulnerabilidad por el proceso de migración forzada, tienen que recurrir a la informalidad.
Así lo indica un estudio desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Citi Foundation sobre el estudio del mercado laboral en Colombia para los migrantes venezolanos. La informalidad supone un ingreso, en promedio, 23% inferior al que pueden tener los trabajadores formales.
«La evidencia sugiere algunos impactos en la inactividad y en el nivel de informalidad. En efecto, entre 2016 y 2019, casi 500.000 refugiados y migrantes ingresaron al mercado laboral como trabajadores independientes informales, y en particular como trabajadores por cuenta propia. Esa cifra redujo los ingresos mensuales percibidos por este grupo ocupacional», resalta el estudio publicado el pasado mes de julio.
Gracias a los efectos de la pandemia, en 2020 se perdieron más de 2,8 millones de empleos en Colombia, lo que complicó la situación para la población migrante. El número de inmigrantes y retornados colombianos ocupados se redujo en 12% durante ese año.
Condiciones afines se presentan en Perú, segunda locación con mayor recepción venezolana, donde se ha presentado uno de los mayores impactos socioculturales observadas en este proceso de diáspora. A pesar de que la narrativa de algunos dirigentes políticos, medios peruanos y parte de la población intenta impulsar la idea de que la migración venezolana afecta a la economía y al mercado laboral, las cifras muestran una realidad distinta.
Un informe presentado por BBVA Research evaluó el desempeño de la economía peruana y las actividades económicas desarrolladas por venezolanos en ese país durante 2019. De acuerdo con aquella publicación, Perú recibió una población en una edad con gran capacidad para el trabajo, mayor educación que la media peruana, que además reciben 30% menos que el salario de los nacionales y dedican un 50% más de tiempo al trabajo.
Como resultado de una mano de obra eficiente y barata, que además no recibe beneficios sociales por parte del Estado, Perú se benefició con un aporte fiscal de 598 millones de soles (150 millones de dólares) proveniente de venezolanos de 2018, que pudo crecer a 906 millones de soles (228 millones de dólares) si toda la población estuviese regularizada. A cambio, el Estado invirtió en la recepción y atención de venezolanos apenas 92 millones de soles (23 millones de dólares) para ese año.
BBVA Research hizo aproximaciones de la cantidad de dinero que habrían aportado al fisco los venezolanos en Perú si todos contaran con un estatus legal y declarasen impuestos de manera regular. Perú pudo haber recaudado hasta un 30% más de haber legalizado a los migrantes venezolanos
Los desafíos en Ecuador, Chile, Brasil o Argentina tienen otros matices, pero en todos los casos se da la misma particularidad: la migración venezolana dinamiza la actividad económica y no desplaza a los trabajadores nacionales, como ciertas narrativas intentan hacer creer.
No es un hecho aislado, sino una tendencia que se presenta en todo el mundo. Según han demostrado datos de agencias internacionales, el impacto de las diásporas en la economía de los países receptores siempre es positivo y la población migratoria representa una tajada importante del PIB mundial.
«Las diásporas en el mundo representan el 3% de la población global, pero su aporte al PIB representa el 10% global. Eso está cuantificado y demostrado, que toda diáspora contribuye al desarrollo, a la reducción de la pobreza global, al migrante, al país de acogida y al de origen», explayó Tomás Páez.
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