El 14-Enero de 2021 a las 2:00 pm, la vida le dio un vuelco al mexicano Juan Reyna. Una patrulla policial le dio el alto cuando se dirigía con otros 5 operarios a trabajar, cerca de San Antonio, Texas.
Desde entonces, este mexicano de 48 años de edad, que llegó a Estados Unidos en 1996 cruzando el Río Grande o Río Bravo, está aprehendido en un centro del servicio de Inmigración y Aduanas en Pearsall, cerca de Austin, Texas, a la espera de que se resuelva el recurso contra su expulsión del país.
Reyna es uno de los 11 millones de inmigrantes indocumentados, a los que el presidente demócrata Joe Biden prometió regularizar durante su campaña electoral, aunque hasta ahora no ha logrado cumplir su promesa.
Aun sin papeles, en los 25 años que lleva en Estados Unidos, Reyna no paró de trabajar -antes de ser detenido tenía 2 empleos de carpintero y soldador-, se casó, compró casa y auto y se convirtió en el papá de los 2 hijos de su esposa Guadalupe, de 13 y 9 años.
«No soy un peligro para la sociedad. No soy una amenaza para este país», dice por teléfono a la AFP, tras permanecer un año detenido en ese centro del ICE, donde trabaja limpiando baños y pisos por 3 dólares la hora.
A veces, confiesa, se siente «deprimido, frustrado porque abandoné a mi esposa y a mis hijos». «Nos tratan como una escoria», lamenta.
«Lucho por salir adelante. He trabajado por este país que me ha dado muchas cosas, y le doy gracias porque me ha tratado bien. He tenido mucho trabajo», dice.
“Batalla psicológica y económica”
La justicia sellará su futuro el 27-Enero, en un juicio en apelación después de que el 3-Diciembre un juez decretara su expulsión a México, tras pasar más de la mitad de su vida en Estados Unidos.
En el primer juicio, el juez consideró que «no cumple los requisitos ya que sus hijos no tienen problemas médicos graves y la madre podría demandar al padre biológico para que la ayude», explicó a la AFP su abogada Kathrine Russell, de la ONG Raíces, que asumió su defensa legal.
«Tenía que probar que sus hijastros iban a sufrir ‘dificultades excepcionales y extremadamente inusuales’ si lo deportan», precisa la abogada.
Ahora, Reyna «confía en que el juez va a tomar una decisión favorable para mi, para mi esposa y mis hijos», dice.
«Mis hijos lo aman, lo adoran, lo miran como a su papá», señala su esposa Guadalupe Martínez, de 32 años, a la AFP en conversación telefónica.
Cuenta que tras la detención de su esposo, con quien se casó en 2016, «empezó una batalla dura para mis hijos y para mi, tanto psicológica como económicamente».
«Lo poquito que hemos construido ha sido aquí. Hemos comprado una casa y la estamos pagando», dice esta mexicana que lleva 20 años viviendo en el país, también indocumentada, que no puede ser expulsada ya que sus hijos nacieron en Estados Unidos.
«Muy duro, cuesta pasar por estas situaciones. Para él es muy difícil, un año ya fuera de casa», resume, no sin recordar que hay muchas familias pasando por el mismo calvario.
Tras recabar 2.500 firmas y cientos de cartas para pedir al ICE que libere a Juan Reyna, Raíces ahora apela al congresista Lloyd Dogget, un demócrata del distrito de Austin, para que presione al ICE y deje a Juan Reyna regresar con su familia.
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