La noche del martes, el Ministerio del Interior (Mininter) convocó a los medios de prensa para que ayer, a las 6 a.m., se acercaran a la base de la FAP en el Callao (Grupo Aéreo N° 8) y así presenciaran un evento encabezado por el presidente Pedro Castillo junto con los ministros Avelino Guillén (Interior), Juan Carrasco (Defensa) y Óscar Maúrtua (Relaciones Exteriores), además de funcionarios del Mininter.
Castillo iba a supervisar la expulsión de 41 ciudadanos venezolanos que habían sido intervenidos por la policía en las últimas 24 horas. De acuerdo al Mininter, los extranjeros “estaban implicados en diversos hechos delictivos en el país”.
Pero una hora y media después, el evento fue suspendido. Castillo y sus ministros se retiraron sin dar declaraciones y se explicó a los periodistas presentes que la expulsión no se pudo concretar porque el avión de la FAP, estacionado frente a las cámaras, no contaba con autorización del Gobierno de Venezuela para aterrizar en ese país.
La cancillería, a través de sus redes sociales, dio una explicación distinta: sin especificar fechas, indicó que el vuelo tuvo que ser reprogramado por razones técnicas.
En una declaración posterior, Guillén aseguró que el mismo Castillo intentó comunicarse con Nicolás Maduro por la mañana, pero no obtuvo respuesta. El ministro además dio una información contraria a lo que su propio sector había informado: que ninguno de los ciudadanos que iban a expulsar estaban involucrados en hechos delictivos en el país.
Lo que sí tenían, de acuerdo a Guillén, eran órdenes de expulsión dadas por Migraciones, es decir, infracciones administrativas. Por ejemplo, presentar información falsa en los trámites migratorios, ingresar al país sin pasar por los controles fronterizos, atentar contra el orden público, entre otros, en virtud al Decreto Legislativo 1350.
—Presión y cacería—
La fallida expulsión tomó por sorpresa a los invitados, pero no al personal a cargo del operativo. Desde la noche del martes sabían que Venezuela aún no daba el permiso. Por ello, no entendían por qué el Mininter había llamado a los medios de prensa.
Fuentes en la policía dijeron que desde el Gobierno se empezó a presionar a inicios de mes para realizar las expulsiones como sea. Recordaban que se trataba de una promesa de campaña de Castillo y que, además, lo mencionó en su mensaje de 28 de julio en el Congreso.
Ya se contaba con un presupuesto aprobado. El pasado 29 de setiembre, el Mininter, entonces liderado por Juan Carrasco, emitió una resolución que transfería S/422.847 al Mindef por los gastos que implicaba llevar a un grupo de venezolanos a su país de origen. Se había fijado el 2 de octubre como fecha de la expulsión, pero no se cumplió.
A inicios de diciembre, el Gobierno retomó su plan. El general PNP Martín Parra (segundo en la policía) se encargaría de llevarlo a cabo. Le solicitó a Migraciones una lista de venezolanos que podían ser expulsados por no decir la verdad cuando ingresaron al país. Le entregaron unos 300 nombres. Sin embargo, se revisó que varios de ellos no cumplían con los requisitos para regresarlos a su país. Por ejemplo, contaban con arraigo familiar o habían pedido refugio.
De esa relación solo quedaron 23. La policía ubicó a cada uno y los arrestó la mañana del martes. Pero “desde arriba”, dijeron las fuentes, se pedía que el número fuera mayor. Por tanto, en la noche se ordenó intervenir a la mayor cantidad de venezolanos posibles. Una acción que duró toda la madrugada del miércoles. Según las fuentes, personal del Escuadrón de Emergencia y de Terna llevó a cientos de venezolanos a la División de Extranjería. Al final quedaron 41, que fueron liberados horas después porque no se concretó la expulsión.
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