Reaparece Alias El Conejo: Aliado con un pran para atentar contra el CICPC Las Tejerías

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El periodista venezolano, Eligio Rojas, aseguró que los más recientes ataques a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Las Tejerías (Aragua) y Cota 905 (Caracas), habrían sido responsabilidad de Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias “El Conejo”, quien se encuentra prófugo de la justicia venezolana desde febrero de 2022.

Reaparece Alias El Conejo: Aliado con un pran para atentar contra el CICPC Las Tejerías

El pasado domingo 29 de mayo, en la madrugada, se conocieron los ataques perpetrados simultáneamente contra las citadas comisarías.

El hecho en Tejerías duró aproximadamente 10 minutos, dijo Rojas, y se realizó desde uno de los retenes construidos por la banda criminal como parte de una estructura desde la cual tenían controlada la zona; el mismo retén donde resultó herido Carlos Revette, alias “El Koki”, durante la Operación Gran Cacique Guaicaipuro II. Diez sujetos abrieron fuego contra la Subdelegación con lo que se supo, extraoficialmente, que eran balas trazadoras.

Este tipo de municiones, reveló Rojas, estarían estampadas con el sello de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM). Así, se vio envuelto en una investigación tras el ataque, en la que las autoridades recogieron los cartuchos emitidos por los atacantes.

Las balas trazadoras son las que se utilizan en los ataques nocturnos porque despiden una estela de luz y, por lo tanto, es posible dirigir los disparos hacia el objetivo con precisión en la oscuridad. En esta ocasión, los delincuentes habrían utilizado al menos 300 de estas balas.

Según la investigación privada realizada por el periodista, cada una de estas municiones tiene un valor actual de 1,5 dólares; una munición normal cuesta 1 dólar.

La planificación de este ataque, explicó Rojas, partió de alias “El Conejo”, y contó con la colaboración de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, actualmente recluido en el Centro Penitenciario de Aragua, más conocido como el penal de Tocorón. Guerrero cumple una condena de 17 años por la comisión de al menos 12 delitos, entre ellos secuestro, extorsión, homicidio, robo de vehículos y tráfico de material de guerra.

Alias “El Conejo” y alias “Niño Guerrero”, entonces, estarían actuando juntos para tratar de retomar el control de la zona de donde fue desalojada en febrero la banda de alias “El Conejo” y por donde pretendían pasar la droga. Colombia. , en ruta segura, hacia el centro del país.

Sobre el ataque al pesto móvil y atención de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la Cota 905, en Caracas, Rojas aseguró que la munición también estaba sellada con el sello CAVIM. En este ataque se utilizaron una granada M26-A2 y proyectiles.

Producto de la detonación de la granada resultó herido un funcionario de la PNB; otros dos recibieron heridas de bala.

El momento del ataque a la Cota 905 y al sector sugiere la búsqueda de una contraofensiva por parte de las autoridades policiales que, en el peor de los casos, habría dejado daños colaterales y un número indeterminado de posibles víctimas inocentes, producto del fuego cruzado. . Así lo informó un ejecutivo de la PNB consultado anónimamente por Rojas.

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Se presume que, al igual que la pandilla «El Conejo», lo que queda de la pandilla «El Koki» intenta recuperar el control de la Cota 905, de donde fue desalojada en la Operación Gran Cacique Guaicaipuro I, en julio. de 2021.

Recordemos que su verdadero cabecilla, Carlos Calderón Martínez, alias “El Vampi”, continúa fuera del radar de las autoridades y le pesa una recompensa de 500 mil dólares. El teniente Garbis Ochoa Ruiz, alias “El Garbis”, también se encuentra prófugo, con igual información sobre su paradero.

Una investigación de Eligio Rojas reveló que en esa comunidad continúan viviendo unos 30 integrantes de la pandilla Cota 905 que no fueron detenidos ni identificados durante el operativo de 2021.

Previo a este ataque, el 13 de mayo se perpetró otro incidente pero contra la sede de la División de Crimen Organizado de la PNB, ubicada en la Cota 905 del sector San Miguel, en una casa propiedad de alias “El Garbi”.

Venta de beneficios a presos

Durante la más reciente entrega de Tubazos, Eligio Rojas alertó sobre una grave situación de corrupción detectada en el Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Hace una semana se conoció de la detención de 4 funcionarios adscritos a la mencionada institución estatal, acusados de presuntamente cobrar a detenidos por pruebas psicosociales. Estas pruebas son requeridas cuando los privados de libertad se encuentran en proceso de una posible medida alternativa a la prisión o su proceso penal continuará fuera del centro de detención.

Extraoficialmente se constató que el cobro a los detenidos por dicha prueba oscila entre 100 y 200 dólares, a manos de la mafia recién desarticulada. El cobro de otros servicios, como la visita del cónyuge, el ingreso de alimentos o medicamentos, ya han sido denunciados desde este mismo espacio.

La tramitación de la prueba psicosocial, como las ya mencionadas, son servicios gratuitos garantizados por el Estado.

La detención de los funcionarios de los Servicios Penitenciarios estuvo a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quien expuso la situación a la ministra Mirelys Contreras quien, a su vez, envió un comunicado desde su despacho confirmando el inicio del Plan Mano de Hierro contra la corrupción. .

Extraoficialmente, Rojas reveló la identidad de tres de los cuatro funcionarios detenidos:

-Enller Miguel Sánchez, chofer y escolta del director de relaciones internacionales y derechos humanos del ministerio

-María Elena Meza Montaño

-Jackelina del Valle de Urbina Bracamonte

La identidad del cuarto detenido, aseguró Rojas, no consta en el acta de presentación en Juzgado de imputados.

Los delitos a los que se enfrentan son: simple cómplice del delito de corrupción, asociación delictuosa y corrupción propia agravada. El Juzgado acogió la precalificación hecha por el Ministerio Público, ordenó la privación de libertad de los tres ciudadanos y dispuso su reclusión en el penal Rodeo 2 y el Instituto Nacional de Orientación de la Mujer (INOF).

La investigación sigue en curso.