La sola mención de la existencia de trabajadoras sexuales en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) hizo caer -al menos hasta ahora- esa herramienta destinada a otorgar derechos a quienes inventan su propio trabajo a partir de sus saberes y oficios. ¿Por qué?
Al momento de escribir estas líneas, el registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que había abierto el Ministerio de Desarrollo Social sigue inactivo. Duró apenas cinco horas debido al escándalo que produjo que se pudieran anotar allí trabajadoras sexuales bajo esa misma categoría con que definen su actividad laboral.
“La prostitución no es trabajo”, tuiteó el señor Gustavo Vera, cruzado contra la trata, amigo del Vaticano, tantas veces al frente de allanamientos donde las personas que decía defender eran televisadas mientras se las llevaban en patrulleros como a delincuentes, para comunicar su acuerdo con el ministro de Desarrollo Social en dar de baja ese registro para eliminar la categoría del escándalo.
No puede ser trabajo y sin embargo, en cinco horas hubo centenares de inscriptas.
Y sin embargo, el registro era para trabajadores y trabajadoras de la economía popular que han tenido que inventar por sí mismos los trabajos que realizan y organizarse para que fueran reconocidos como tales: cartoneros y cartoneras, cuidadoras de los tachos de residuos en los barrios vulnerados.
Cuidadoras del cruce de las avenidas que rodean esos mismo barrios para que chicos y chicas lleguen seguros a la escuela, cocineras en comedores populares, trabajadoras y trabajadores de cooperativas también organizadas para sostener la vida cotidiana, para transformar los subsidios en trabajo reconocido como tal y no como mera asistencia para menguar la pobreza.
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Pero las trabajadoras sexuales, no, no existen, son víctimas del sometimiento de siglos de patriarcado. Y entonces como son víctimas no pueden pedir los derechos para cuyo otorgamiento equitativo se habría propuesto ese registro (Renatep) que a las trabajadoras sexuales -y por ahora a todas- se les negó: capacitación y salario complementario, por ejemplo.
Como picante es ese axioma repetido de las almas bien pensantes que plantean la pregunta sobre si alguna niña dice, acaso, que de grande quiere ser prostituta. ¿Acaso alguna niña sueña con arrastrar carros por las noches para sacar de la basura cartones y plásticos que se venden por dos pesos?
Pero sobre la existencia de ese trabajo y de las condiciones en que se realiza no hay debate. ¿Porque es un trabajo digno? ¿Porque ahí no se ponen en juego los genitales? ¿No es un escándalo que cartoneros y cartoneras tengan que revolver la basura que poca gente separa con el riesgo de cortes o infecciones? No, el escándalo es el intercambio de sexo por dinero.
El trabajo sexual no puede ser trabajo. Y esto es tan radical que se aplica aun cuando no se esté discutiendo ningún estatuto de trabajo para esa actividad, ninguna ley reglamentarista. Sólo se estaban anotando en un registro de trabajadores y trabajadoras informales para recibir asistencia y derechos que son urgentes y en medio de la pandemia acuciante.
Porque ahora que los desalojos de los hoteles son compulsivos, que pararse en una esquina es imposible, es entre ellas, mujeres, trans y travestis, que se organizan para sostenerse, gestionar subsidios, proveerse alimentos, regularizar la documentación para las migrantes. Pero que no se diga en ningún papel del Estado que son trabajadoras sexuales, eso no puede ser trabajo.
“Es violación consentida”, se leyó también en esa ágora de opinología y odio serial que a veces es tuiter pero que sin embargo marca “tendencia”. Esa frase es una obra cumbre de la negación de autonomía de quienes se plantan y dicen que lo suyo es trabajo sexual.
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