Johana Bastidas Terán, de 40 años, perdió ambas manos mientras trabajaba en una fábrica clandestina de suela de zapatos ubicada en el distrito de Los Olivos., en Perú. Ella reveló que la abogada que defiende a la empresa “le puso precio” a sus extremidades, informó el Diario Correo
“Perdí mis dos manos, tanto la derecha como la izquierda. Yo ya no me puedo valer por mí misma, no puedo hacer nada, no puedo trabajar. Mi vida cambió completamente”, contó a ATV Noticias.
Según el citado medio, la madre de familia de nacionalidad venezolana tenía un mes trabajando como obrera en la fábrica. Ella laboraba casi 12 horas al día, sin contrato, sin seguro ni implementos de seguridad. Fue mientras manipulaba una máquina inyectora de calzados que sus manos quedaron aplastadas por la prensa durante casi 30 minutos, triturado todos sus dedos y gran parte de las palmas.
“Mi hermana empezó a gritar, a ver como sus manos se iban moliendo, como sus dedos iban sonando sus huesos. 25 minutos más o menos quedó sus manos atrapadas ahí”, detalló Yenny Bastidas, hermana de la agraviada.
“En lo que él apaga la máquina ya vemos que está saliendo la sangre, mis dedos triturados, mis huesos sonaban como se partían”, agregó Johana.
Perdió el 95% de las manos
De acuerdo al matinal, la mujer venezolana fue trasladada a una clínica en Surco, donde los médicos no pudieron hacer nada para salvarle sus manos pese a que fue sometida a cinco operaciones. Debido a que ya no puede valerse por sí misma, ella exige una reparación civil.
Al respecto, la abogada de la empresa, Martha Leo, le respondió lo siguiente: “¿Usted sabe cuánto cuesta un muerto, señora, en la Fiscalía? Un muerto, S/5.000. Una mano, ¿cuánto cree que cuesta? 2 mil o 3 mil soles (Unos 500 dólares), por eso le digo. Es mejor que él le pague la indemnización. Acá en el Perú es así”.
Denuncian a propietarios de la empresa
Los propietarios de la empresa Kaprichos en Diseño Textil S.A.C., Edison Daniel Vilca LLano (32) y Pierina Selene Beltran Ramos (30), fueron denunciados ante el Ministerio Público y Sunafil.
El pasado 1 de junio esta fábrica fue clausurada por no tener licencia de funcionamiento ni certificado de Defensa Civil. Sin embargo, continúo operando de manera clandestina y dos semanas después de esta intervención, una de sus trabajadoras perdió ambas manos en un trágico accidente.
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