El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) juzgará la próxima semana al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por crímenes de lesa humanidad en la gestión de la pandemia del covid-19, sus ataques contra las minorías y la democracia.
El juicio al mandatario tendrá lugar los días 24 y 25 de mayo de forma simultánea en Roma, donde está la sede de la entidad, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo.
El juicio, que se celebrará en el marco de la sesión 50 del Tribunal Permanente de los Pueblos, tendrá una docena de jurados y un titular que escuchará la acusación de la ebogada Eloisa Machado de la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo, además de los testigos del caso.
La audiencia estará compuesta por 130 miembros designados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso y la Liberación de los Pueblos.
Bolsonaro aspirará a la reelección en medio de denuncias de incapacidad gubernamental ante la pandemia y en medio de denuncias por irregularidades en su administración, una de ellas vinculada con la supuesta corrupción de la iglesia evangélica.
En el caso de la pandemia, en Brasil han muerto 664.920 personas y han sido contagiados 30.688.390 desde hace más de dos años, lo que ubica al país suramericano en el segundo lugar de las estadísticas mundiales solo detrás de Estados Unidos.
Pese a estos números, en abril el ministerio de Salud anunció decretó el fin de la emergencia sanitaria por la covid-19, que incluye la no obligatoriedad del uso de la mascarilla.
La denuncia contra Bolsonaro, quien aspira a la reelección este año, fue presentada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, la Internacional de Servicios Públicos, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la Coalición Negra por los Derechos, con el apoyo del Consejo Misionero Indígena (CIMI) y otras entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
El exministro de Derechos Humanos e integrante de la Comisión Arns, Paulo Sérgio Pinheiro, indicó que el Gobierno tendrá derecho a la defensa, pero aún desconoce si el Planalto enviará un representante.
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