Este 27 de febrero, 21 migrantes venezolanos que intentaban entrar a Bolivia de forma irregular fueron detenidos por funcionarios de la Fuerza Armada de ese país, cerca del Lago Titicaca, la zona fronteriza que conecta a la nación andina con Perú.
Según el reporte de medios locales, ninguno de los connacionales portaba documentos de identificación y fueron apresados luego de que una patrulla que recorría la carretera «Tito Yupanqui», de la localidad de Guayaqui, los encontrara en un vehículo «interprovincial».
En un reporte al que pudo tener acceso el portal de noticias boliviano El Deber, una vez que fueron detenidos, los trasladaron hasta la frontera peruana. Allí las autoridades de Migración Perú se hicieron cargo del caso y «tomarán las acciones necesarias», informó el capitán de navío Marcelo Castellón Maldonado, involucrado en la detención.
Según alegó Maldonado, la acción estuvo amparada en la Ley de Migración que rige el Estado de Bolivia, en donde se establece que el principal objetivo de las autoridades es regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en el territorio, y «establecer espacios institucionales de coordinación que garanticen los derechos de migrantes bolivianos y extranjeros».
La región occidental de Bolivia se ha convertido en la ruta que toman varios grupos de migrantes venezolanos para finalmente terminar llegando a Chile. El paso de ingreso es la población de Desaguadero que comparten Perú y Bolivia, por el lago Titicaca, el más alto del mundo que está a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar.
Reportes de Migración y de la Defensoría del Pueblo de Bolivia coinciden en que los ingresos de venezolanos son “irregulares” y que suelen decir que están solo “de paso”. En las últimas semanas grupos de entre 70 y 80 venezolanos se encontraban en esas zonas fronterizas entre territorio chileno y Boliviano. De allí que decidieran militar esos sectores para así «controlar el flujo migratorio».
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Esa decisión encendió las alarmas, pues incluso el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes advirtió que tal militarización, ejecutada por Perú, Ecuador y Chile, podría generar grandes violaciones a los DDHH de los migrantes venezolanos. La misma Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU, hizo un llamado a la comunidad internacional respecto a esas nuevas acciones y hacia los malos tratos dados a los connacionales.
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