El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado este miércoles de tres disparos en la cabeza a manos de unos sicarios al finalizar un mitín político en Quito, según confirmaron las autoridades.
El presidente Guillermo Lasso dijo estar «indignado y consternado» por el crimen, declaró estado de emergencia nacional por 60 días y convocó una reunión de seguridad de urgencia para abordar el hecho.
«Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune«, subrayó.
Villavicencio fue trasladado a la Clínica de la Mujer, donde solo se pudo confirmar su fallecimiento. En el acto resultaron heridas otras personas.
La Fiscalía de Ecuador informó que detuvieron a un sospechoso, que quedó herido durante el cruce de balas y luego falleció en la Unidad de Flagrancia en Quito.
Patricia Villavicencio, hermana del candidato asesinado, responsabilizó al gobierno de Lasso y al ministro de Interior, Juan Zapata, por la violencia que acabó con la vida del político.
«No querían que destapara la corrupción. Maldigo a este gobierno. No hizo nada. No hizo para protegerlo. Es un complot», aseguró en declaraciones a medios locales.
El apoyo a Villavicencio estaba al alza y los últimos sondeos lo colocaban en segundo lugar en las preferencias de los ciudadanos.
Un candidato contra la corrupción
Villavicencio, de 59 años, era periodista de profesión. Ocupó una bancada en la Asamblea Legislativa por el partido Alianza Honestidad hasta el pasado mayo, momento en que se postuló como candidato presidencial independiente para las elecciones anticipadas previstas para el próximo 20 de agosto.
Su campaña se había centrado en la seguridad, así como en la necesidad de reducir la destrucción ambiental y combatir la corrupción, un tema que cubrió durante su carrera como periodista.
Según señala la agencia Reuters, Villavicencio presentó el martes una denuncia ante la Fiscalía sobre un negocio petrolero. Sin embargo, no se hicieron públicos más detalles de su informe.
La candidata Luisa González, quien figura como favorita en las encuestas, también condenó el hecho y suspendió su acto de campaña en Carapungo, al norte de Quito.
«Es muy triste la noticia. Las diferencias políticas se resuelven en las urnas, no con violencia. Nos solidarizamos con la familia de Fernando Villavicencio. Cuando toman a uno nos tocan a todos», afirmó.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, calificó el asesinato de Villavicencio como «muy doloroso para el país».
“Estoy muy dolido y muy preocupado por Ecuador”, dijo.
Villavicencio se había quejado este mes de que él y su equipo estaban recibiendo amenazas supuestamente provenientes del líder de una banda criminal vinculada al narcotráfico.
“A pesar de las nuevas amenazas, seguiremos luchando por el pueblo valiente de nuestro #Ecuador”, publicó en la red social X en ese momento.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, también dijo que varios miembros de su organización, que se encarga de supervisar la papeleta, habían recibido amenazas de muerte.
Lasso envió un mensaje a la familia de Villavicencio.
“Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas”, dijo en su publicación.
Una violencia que no cesa
El acto contra Villavicencio no es el único hecho de violencia que se produce durante esta campaña electoral. El pasado 17 de julio, el candidato a la Asamblea Rider Sánchez fue asesinado en la provincia costera de Esmeraldas.
Días después, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, murió en un ataque armado en esa localidad, donde también falleció una joven futbolista; otras cuatro personas resultaron heridas.
La Misión de Observación Electoral de la OEA emitió un comunicado tras conocerse la noticia del asesinato de Villavicencio, en el que instó a todos los candidatos a fortalecer sus medidas de seguridad y a las autoridades a brindar apoyo para garantizar su integridad.
«La seguridad de los candidatos es fundamental para mantener la confianza en el sistema democrático y asegurar que las voces de todos los ciudadanos puedan ser escuchadas».
Anunciaron que los primeros miembros de la Misión de Observación Electoral llegarán este jueves al país, con el objetivo de colaborar en la preservación de un ambiente seguro y democrático durante el proceso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, llamó al Estado a investigar con diligencia y a asegurar medidas efectivas para prevenir la violencia política durante el proceso electoral.
El mes pasado, el presidente Lasso declaró estados de emergencia y toques de queda nocturnos en tres provincias luego de una serie de asesinatos relacionados con el crimen organizado.
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