Responsabilizan del incendio en Ciudad Juárez (México), en el que fallecieron 39 migrantes, a un militar de la Marina, contralmirante Salvador González. El señalamiento fue hecho por el abogado de las víctimas, José Vásquez.
González es el delegado en el estado Chihuahua del Instituto Nacional de Migración (INM) fue señalado por un abogado de las víctimas del incendio. Según difundió Ansa Latina, Vásquez señaló que el militar fue quien dio la orden directa para que no se abrieran las celdas donde se inició el fuego, en medio de un motín de migrantes venezolanos que protestaban al anunciarse su inminente deportación.
«Lo hizo por teléfono. Le hablaron y le avisaron y al ser consultado les respondió que no les abrieran las rejas ‘por ningún motivo’ sino que los dejaran ahí muriéndose», sostuvo el abogado, en declaraciones al periódico Reforma.
Asimismo, de acuerdo con el abogado José Vásquez, la información fue obtenida del testimonio de las víctimas del incendio, «sus clientes», pero sostuvo que por razones de seguridad no puede revelar su identidad.
El defensor también acusó al jefe del Centro de Detención del INM, Daniel Goray, de manejar «una red de corrupción» en la que se amenaza a los migrantes con mantenerlos detenidos por más de seis meses o incomunicarlos si no pagan una cuota de salida de 500 dólares.
El abogado reiteró que los migrantes víctimas del incendio no cometieron ningún delito: «las leyes mexicanas contemplan la migración como una falta administrativa y no es razón para mantenerlos privados de su libertad y mucho menos permitir que mueran de esta manera».
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió esperar el resultado de las investigaciones y por lo pronto fuentes oficiales anunciaron que se emitieron ya las primeras cuatro órdenes de detención.
Por su parte, la ministra de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, dijp que ocho empleados (3 agentes migratorios y cinco guardias de seguridad privada y un migrante son señalados como responsables del incendio pero no dio a conocer sus nombres. Del lado de la oposición a los ministros de Gobernación, Adán Augusto López (responsable del INM) y al canciller Marcelo Ebrard.
Según la agencia informativa Latinus, la seguridad privada en la estación migratoria está a cargo de una compañía propiedad de Elías Valdés, cónsul honorario de Nicaragua en los estados norteños de Coahuila y Nuevo León, quien ha recibido contratos por más de 140 millones de dólares del gobierno actual.
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