Ley contra el odio en Venezuela silencia hasta a los tuiteros

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El mecanismo de la ley contra el odio se ha utilizado fundamentalmente para cercenar la libertad de expresión, reprimir a la oposición y aplacar las protestas que se registran en todo el país por alimentos y servicios públicos, señala la ONG Espacio Público (EP).

Esta ley aprobada por la asamblea chavista, considerada ilegal por la Asamblea Nacional y las ONG, castiga a quienes protestan, emiten mensajes por redes sociales o cubren noticias que incomodan al régimen.

Ley contra el odio en Venezuela silencia hasta a los tuiteros.

Esta ley aprobada por la asamblea chavista, considerada ilegal por la Asamblea Nacional y las ONG, castiga a quienes protestan, emiten mensajes por redes sociales o cubren noticias que incomodan al régimen.

A partir de esa “ley” aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el 8 de noviembre de 2017. Por la llamada ley contra el odio, considerada ilegal por el Parlamento y por las  Organizaciones No Gubernamentales (ONG), disentir de una autoridad, reclamar un derecho o emitir un mensaje que disguste  en redes sociales puede ser un boleto a la cárcel.

El mecanismo de la ley contra el odio se ha utilizado fundamentalmente para cercenar la libertad de expresión, reprimir a la oposición y aplacar las protestas que se registran en todo el país por alimentos y servicios públicos, señala la ONG Espacio Público (EP).

Mientras el informe publicado el 14 de julio por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, condena el uso político de la justicia en Venezuela que se ejecuta desde el Tribunal Supremo, las detenciones se han incrementado, especialmente, a partir de la cuarentena aplicada por la pandemia de covid-19.

Los temas vinculados a protestas por falta de servicios públicos y los relacionados con la pandemia son particularmente sensibles para el gobierno. En la lista de detenidos no solo se cuentan periodistas. También médicos, enfermeras o familiares que protestan alguna situación irregular o simplemente emiten una opinión contraria a las informaciones oficiales emitidas por sus voceros.

Desde que se aprobó esta ley contra el odio, 16 personas han sido detenidas y acusadas, desde periodistas hasta ciudadanos comunes que se expresan desde las redes sociales. Durante 2020, Espacio Público ha reportado y documentado 623 violaciones al derecho de la libre expresión; de las cuales 243 corresponden a intimidación, siendo los periodistas las víctimas más frecuentes.

Cuidado al protestar

Según cifras verificadas por la ONG Foro Penal, las detenciones por motivos políticos han aumentado significativamente en los cinco primeros meses de 2020. Entre el primero de enero y el 30 de mayo, hubo 235 personas arrestadas por motivos políticos. En mayo fueron 119 arrestos; 69 más que en el mes anterior.

El Foro Penal pudo observar otras causas de detención, ocurridas durante el período de cuarentena y el estado de alarma decretado:

  • Por denunciar casos de COVID-19 o alguna situación relacionada con la pandemia en Venezuela.
  • Por enviar o reenviar mensajes, no relacionados con la pandemia, pero en contra del gobierno o de sus funcionarios.
  • Ciudadanos relacionados directa o indirectamente, con líderes de la oposición, particularmente con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
    Ciudadanos del área militar, relacionados con presuntos asaltos a instalaciones militares.

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