La petición del gobierno de Nicolás Maduro, de disponer de manera inmediata de los 25 millones de euros bloqueados en España fue denegada por el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid.
La magistrada María Teresa Vázquez, rechazó la solicitud de medidas cautelares realizada por los representantes legales del gobierno de Maduro. Al mismo tiempo, les recriminó que usan esa vía como forma de “presión” para consumar sus pretensiones.
Maduro había pedido la “suspensión” de la designación como administrador único de Enrique Castells, hombre de confianza de Juan Guaidó, al frente de la filial europea de la Corporación Venezolana de Guayan (CVG).
En los últimos años se disputa una batalla judicial por el control de los 25 millones de euros que dispone la CVG en 3 entidades financieras españolas, protagonizada entre los ejecutivos de Maduro y de Guaidó. Estos últimos, asistidos por el bufete Cremades Calvo-Sotelo, se encuentran por el momento ganando la contienda, que se libra en diferentes juzgados de Madrid.
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