La Asamblea Nacional estableció un acuerdo que obliga a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, conjuntamente con las Juntas Directivas Ad Hoc de PDVSA y de la Corporación Venezolana de Petróleo S.A., a realizar una investigar inmediata sobre el supuesto traspaso de la participación de las acciones que tiene la empresa ROSNEFT en las Empresas Mixtas venezolana Petrovictoria, Petromiranda, Petromonagas, Petroperijá y Boquerón, a una empresa propiedad del Gobierno Ruso.
Según este convenio aprobado en la sesión ordinaria de este martes 07 de abril, se anticipa que de haberse hecho esta operación, se iniciará la aplicación de los procedimientos legales, por incumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y contractuales que regulan tal operación que ocasionaría un daño al patrimonio de la República.
De igual forma, se permite además recabar información a la empresa ROSNEFT, así como al Gobierno de la Federación Rusa, a través de su Embajada en Venezuela, sobre la veracidad de la noticia publicada en la prensa internacional el pasado sábado 28 de marzo de 2020, en la cual se informa de la supuesta venta por parte de la empresa ROSNEFT, de todos sus activos y el 100% de su participación en las Empresas Mixtas venezolana Petrovictoria, Petromiranda, Petromonagas, Petroperijá y Boquerón, a una empresa propiedad de la Federación Rusa, en una venta que sugiere una transacción a cambio del 9.6% de participación de acciones en la propia ROSNEFT, valores que entrarían a la tesorería de ROSNEFT.
En tal sentido, se hace un llamado a la empresa ROSNEFT y al Gobierno de la Federación Rusa, así como a todas las empresas involucradas que participan como socias en las Empresas Mixtas, a revisar y respetar el marco jurídico de los hidrocarburos venezolanos, dado que el incumplimiento de las disposiciones legales puede acarrear severos daños que impactarían en las relaciones contractuales.
Se informa en el documento que la Asamblea Nacional se reserva la facultad de ejercer las acciones constitucionales y legales, contra aquellas personas que ilegalmente ejerzan cargos de función pública en el régimen usurpador e ilegal de Nicolás Maduro, que sean responsables del incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y demás legislaciones y contratos que regulan las relaciones empresariales en esta materia.
También, el presente acuerdo aprobado por unanimidad fue presentado por el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN, el diputado por el estado Zulia, Elías Matta, quien explicó, durante su intervención, vía digital, que la empresa ROSNEFT tiene unos 5 contratos con PDVSA, ilegales, entre ellos con las empresas Mixta Petrovictoria, Petromiranda, Petroperija, y Boqueron donde tiene en cada una de ellas 40 por ciento de las acciones.
Por otro lado, hizo hincapié el diputado zuliano, que ROSNEFT tenía 17 por ciento de las acciones de la empresa Petromonagas, pero en el año 2016, el régimen de Maduro, violando la Constitución le vendió 23 por ciento de las acciones, para que elevara hasta 40 por ciento su propiedad en Petromonagas.
Así mismo, “Esta Asamblea Nacional de manera responsable en su momento le advirtió a ROSNEFT que esta transacción tenía que ser aprobada por el parlamento venezolano, porque así lo establece el artículo 150 de la Constitución, de manera que esta transacción y las anteriores son ilegales”.
Afirmó que ahora ROSNEFT quiere ceder esas acciones de las empresas venezolanas, que adquirió ilegalmente, a una empresa privada RUSA, aun cuando ya se le advirtió que esas negociaciones estaban violando la Constitución y las leyes venezolanas, que se refieren a los contratos de interés público nacional, que tienen que ser aprobados por la AN.
Por ello, “Están violando los artículos 12, 150 y 187d e la Constitución Nacional, que obliga al parlamento a tener la responsabilidad de aprobar esos contratos y también se está quebrantando el artículo 33 de la ley Orgánica de Hidrocarburos, que establece que toda modificación de los términos y condiciones de los contratos de las empresas mixtas deben pasar por la Asamblea Nacional”.
Debido a esta situación el diputado Matta en conjunto con la Comisión de Energía y Petróleo, así como las Juntas Administrativa Ad Hoc de PDVSA y de la CVP, solicitó a la plenaria de la Asamblea Nacional que ordene a esta tres instancias hacer seguimiento para verificar si esta negociación es real y de ser cierta la presidencia (e) de la República Bolivariana de Venezuela y la AN tendrán que tomar acciones para hacer cumplir la constitución y las leyes de la república.
Por su parte el diputado por el Distrito Capital, Jorge Millán, manifestó que estas operaciones ilegales de la empresa ROSNEFT, es parte de un proceso sistemático de destrucción de la industria petrolera venezolana, por parte del régimen, que desde hace tiempo se ha denunciado a través de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN.
En tal sentido, “Le hacemos un llamado a la empresa ROSNEFT y al gobierno Ruso a cumplir y respetar las leyes de la República de Venezuela. Saben bien que estas negociaciones, desde un principio, no fueron autorizadas por la Asamblea Nacional como manda la ley”.
Así mismo el diputado por el estado Falcón Luis Stefanelli, en su alocución indicó que es írrito cualquier contratación o acto que emane del gobierno usurpador de Maduro, por lo que es deber de esta Asamblea Nacional proteger los intereses de los venezolanos a través de este acuerdo.
De esta manera, afirma que ”Se viola la Constitución de Venezuela en sus artículos 302 que reserva al estado venezolano la actividad petrolera, sobre todo la primaria, el 150 establece que todo contrato de interés público debe ser aprobado por el parlamento”.
Para finalizar, cerró este debate el diputado por el estado Nueva Esparta, Tobías Bolívar, quien reafirmó la ilegalidad de esta transacción hecha por la empresa ROSNEFT. “Todo el que contrata con el régimen hace lo que le conviene en función de sus intereses. La empresa ROSNEFT asfixiada por la grave situación política y económica del régimen de Maduro ha optado por desprenderse de sus obligaciones, violando flagrantemente las normas constitucionales que rigen sus responsabilidades de contratación con Venezuela, por eso apoyamos el acuerdo para que se abra una investigación profunda sobre este caso.
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