En Brasil, la presidenta de la Corte Suprema, Rosa Weber, dio este viernes un plazo de 48 horas al jefe de Estado saliente de esa nación suramericana, Jair Bolsonaro, (cuyo período vence el próximo 1 de enero) para que explique el indulto a policías militares que estaban presos por la llamada Masacre de Carandiru, ocurrida hace 30 años.
Y es que Bolsonaro otorgó un indulto a decenas de acusados por la masacre perpetrada el 2 de octubre de 1992, cuando murieron 111 presos, de los cuales 84 no habían sido juzgados y condenados por sus crímenes, durante la invasión de la Policía Militar (PM) para contener una rebelión en la cárcel llamada Casa de Detención; complejo penitenciario construido en la década de 1920 en el barrio de Carandiru, norte de Sao Paulo. Se trató de una reyerta que derivó en motín y agentes militares fueron llamados para contenerlo.
Media hora después de la entrada de la PM, «las ametralladoras silenciaron», relató el médico Drauzio Varela, en su libro Estación Carandiru. Ningún policía murió en la acción, reseñó Prensa Latina.
El indulto
El pasado viernes día 23, Bolsonaro concedió el indulto de Navidad a 74 policías militares (69 están con vida y cinco ya fallecidos) hallados culpables de la masacre del 2 de octubre de 1992 en la cárcel de Carandiru, con un saldo de 111 internos muertos.
Todos los indultados por Bolsonaro fueron condenados a penas de entre 48 y 624 años de prisión por la que es considerada la mayor matanza perpetrada por fuerzas de seguridad en toda la historia de Brasil.
El ultimatum a Bolsonaro
La Corte Suprema brasileña emitió el ultimatum al mandatario después de que la Fiscalía General entablara el pasado martes con una acción directa de inconstitucionalidad de la disposición de Navidad emitida por el ´mandatario, exmilitar y ultraderechista.
Luego del indulto, el procurador general brasileño, Augusto Aras, señaló que el artículo del decreto que permite, específicamente en el caso de la Masacre de Carandiru, que “los policías militares condenados se beneficien con el indulto navideño, atenta contra la dignidad humana y principios básicos y comienzos del derecho internacional público”.
Se dio a conocer que tras recibir los alegatos, la jueza Weber debe considerar la solicitud de suspensión parcial del perdón y que la solicitud de información es una medida habitual previa al examen de los expedientes.
Según el decreto presidencial de indulto de Bolsonaro, quien según reciente reportes huyó del país, serían condonados agentes de fuerzas de seguridad acusados por crímenes cometidos hace más de 30 años, aunque no resultaron condenados, y ahora éstos serían perdonados de la pena en su carácter de agentes públicos que fueron condenados por un hecho practicado hace 30 años.
El argumento es que los indultados no deberían poder optar por el beneficio del indulto ya que las muertes durante la masacre ahora son catalogadas como «asesinatos» y «crímenes de lesa humanidad», aunque no fueron señaladas de esa manera para el momento de la primera investigación.
La Procuraduría General brasileña estima en la solicitud de revertir lo decretado por Bolsonaro que el indulto navideño en el caso de la Masacre del Carandiru «representa reiteración del Estado brasileño en el incumplimiento de la obligación asumida internacionalmente de procesar y sancionar, de forma seria y eficaz, a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en la Casa de Detención el 2 de octubre de 1992».
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