La conocida defensora de los Derechos Humanos fue detenida el 9 de febrero y es actual víctima de lo que se conoce como «desaparición forzada breve»
El 9 de febrero a las 5 am, organismos de fuerza policial del gobierno detuvieron en el aeropuerto de Maiquetía a Rocío San Miguel, defensora de Derechos Humanos y presidente de la ONG Control Ciudadano y, desde entonces, se desconoce su paradero.
A este hecho se le denomina «desaparición forzada breve», según las Naciones Unidas, y constituye una violación al debido proceso, al derecho a la defensa y es una violación a los Derechos Humanos. Sin embargo, es una práctica constante en el actual gobierno.
«Sus familiares y su defensa no han sido oficialmente informados de su paradero ni han tenido acceso a ella. Este patrón de crímenes de Estado ha sido usado sistemáticamente y es una de las líneas de investigación actual de la Corte Penal Internacional», manifestó el periodista Luis Carlos Díaz en sus redes sociales.
«Exigimos respuesta y atención inmediata del caso a los organismos internacionales de protección y defensa de los DDHH que se encuentran en Venezuela. ¡Ya basta de silencio! Estos hechos ocurren aún con presencia en el país de la oficina del Alto Comisionado de DDHH. Se requiere acción urgente», denunció la opositora Delsa Solórzano.
La importancia de Rocío San Miguel
Rocío San Miguel tiene amplia trayectoria en Derechos Humanos e incluso es una de las pocas abogadas especializadas en la defensa de los Derechos Humanos de los militares. Se encontraba en el aeropuerto con su hija. Desde 2012, ambas tienen medidas cautelares de protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a los constantes ataques y hostigamiento que ha recibido.
«Rocío es una persona muy importante en la sociedad civil venezolana porque dirige desde hace años la ONG Control Ciudadano, encargada de hacer análisis de seguridad y defensa de la Nación. También es conocida por ser una de las personas que le ganó al Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se demostró que se han aplicado medidas de discriminación, persecución y restricción de libertades por razones políticas», detalla Luis Carlos Díaz.
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