En su más reciente entrega de “Tubazos”, el periodista venezolano Eligio Rojas habló sobre el caso del psicólogo Luis Morales, sentenciado a 30 años de prisión por el supuesto asesinato de sus padres y sus dos hijos.
Los hechos ocurrieron dentro de la quinta estela, ubicada en la calle Manaure, urbanización Macaracuay, municipio Sucre del estado Miranda.
La madrugada del 15 de febrero de 2011 Victoria Eugenia Londoño Milano, hijastra de Luis Morales y para entonces con 15 años de edad, fue quien descubrió los cadáveres de los cuatro fallecidos: Luis Morales Rodríguez (padre), de 79 años de edad; Virgilia Caridad Morales Morales (madre), 74 años de edad; Alejandro Morales Baute (hijo), 16 años de edad, y Andrea Morales Baute (hija), 14 años.
Según la narración del Ministerio Público, la adolescente se despertó a eso de las 6:40 de la mañana por las alarmas que colocaban Alejandro y Andrea, a fin de levantarse para ir al colegio. Va primero a la habitación de Alejandro para verificar si se había ido y lo encontró muerto sobre un volumen cuantioso de sangre.
De acuerdo con el documento, la joven llena de pánico llamó a su vecino Jaime Signore, quien se encontraba en la vía pública en compañía del ciudadano Juan Carlos Castillo. Estos ingresaron a la vivienda, vieron el cuerpo de Alejandro y trasladaron a Victoria a su casa para calmarla. Seguidamente llaman a las autoridades policiales, quienes, al llegar encuentran a Luis Morales dentro de una habitación de servicio, con lesiones físicas graves y lo llevan al Hospital Dr. Domingo Luciani, ubicado en la urbanización El Llanito.
Una comisión policial realizó una primera inspección al inmueble y procedió al levantamiento de los cadáveres. Los estudios forenses revelaron que todos murieron a causa de un “edema cerebral severo por hemorragia interna y externa por herida por arma blanca al cuello”.
Rojas explicó que cuando Morales logró recuperarse los funcionarios le informaron sobre la acusación en su contra por el cuádruple homicidio a través de una noticia publicada en un periódico.
El psicólogo Luis Morales fue imputado por homicidio intencional calificado en contra de sus ascendientes, es decir, de sus padres, y homicidio intencional calificado agravado en contra de sus descendientes, es decir, de sus hijos.
Estos delitos le son imputados el 18 de febrero de 2011 durante la audiencia de presentación ante el Tribunal 5° de Control de Caracas, donde decretaron privativa de libertad.
Cinco meses después, específicamente el día 22 de julio del año 2011, se lleva a cabo la audiencia preliminar. Durante este proceso, los fiscales Didier Rojas Rodríguez y Andrés Bravo Orozco describieron los hechos, solicitaron el enjuiciamiento del psicólogo y ofrecieron las pruebas para el juicio, entre ellos el testimonio de nueve personas y 17 documentos.
No obstante, en la audiencia tomó la palabra Mariela Baute, exesposa de Morales y madre de los dos adolescentes asesinados. La mujer criticó que el Ministerio Público no la tomara en cuenta para la investigación penal, lo cual calificó como una incongruencia. Además, sostuvo que no estaba convencida de que el culpable era su expareja, razón por la cual solicitó que se reabriera la investigación.
En un tono similar, comenta el periodista, habló en esa audiencia Marisela Morales, hermana del imputado, quien respaldó lo declarado por su excuñada Mariela Baute.
“¿Cómo es que si mi hermano mató a mi familia por qué en la ropa de Luis no se encontró sangre de mi madre, ya que ella era la única tipo A, mis sobrinos y padre eran O, el mismo tipo de sangre de mi hermano Luis? Ante todas estas interrogantes considero que existen muchas dudas, le faltó mucho al Ministerio Público”, reza parte del testimonio de la hermana de Morales.
De acuerdo con Rojas, el juicio inició en agosto y culminó el 4 de diciembre de 2013 ante el Tribunal 27 de Juicio de Caracas, a cargo de la jueza María Marisol Figueira, quien anunció la condena de 30 años de prisión.
El periodista destaca que uno de los segmentos más polémicos de ese juicio es el presunto motivo que subyacía en Luis Morales para participar en ese cuádruple homicidio. Según el Ministerio Público, Morales sufría una significativa desmejoría en su economía y no quería que su familia padeciera las consecuencias de esa presunta debacle económica. Sin embargo, la defensa de Morales presentó documentos que probaron la solvencia económica del psicólogo.
Otro de los puntos polémicos del juicio fueron las heridas por arma blanca. El Ministerio Público sostenía que eran heridas autoinfligidas por el propio Luis Morales.
La médico forense Minerva Barrios declaró en una de las sesiones del juicio que esas heridas no se las pudo haber producido el propio Luis Morales, pero ese detalle apareció cambiado en la sentencia condenatoria firmada por la jueza María Marisol Figueira. En dicho documento la jueza escribió que Morales sí se había causado dichas heridas.
Pese a las incongruencias, la sentencia a pena máxima se anunció en septiembre de 2013 y dos años después esa decisión fue ratificada por la sala 6 de la Corte de Apelaciones de Caracas.
El 18 de junio de 2015 ingresó el expediente a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, en un intento de los abogados de Morales de revertir la condena de 30 años de prisión. No obstante, los magistrados analizaron y desecharon el planteamiento.
El 12 de junio de 2017 la entonces ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, otorgó un beneficio de régimen de confianza, lo cual implicó que Morales fuera conducido desde el Centro Penitenciario para Procesados Militares (Cenapromil) hasta su residencia ubicada en Macaracuay, donde permaneció con custodios. Dicha medida le fue revocada el 24 de julio del año 2021 y fue recluido en la Escuela de Custodios Franklin Ruiz, ubicada en Antímano.
Ahora bien, en enero de este año Morales fue trasladado al Centro de Formación Hombres Nuevos Simón Bolívar, ubicado en El Paraíso. El hombre actualmente está optando a la segunda fórmula alternativa de cumplimiento de pena, que es el régimen abierto.
Mientras eso transcurre, su hermana está planteando una reapertura de la investigación mediante una revisión de la sentencia. Tanto Marisela Morales, como Mariela Baute han dejado constancia de sus observaciones a esa investigación que condujo a la condena de pena máxima, afirmando que el proceso ha estado lleno de inconsistencias e irregularidades.
De acuerdo con Morales y Baute, el para entonces jefe de la División de Homicidios del Cicpc, Leyvis Lucena, admitió en una conversación con ellas que no había rastreado las cuentas bancarias y la declaración de impuestos del imputado para determinar el supuesto móvil del crimen.
Además, le reclamaron la manipulación de una foto tomada por el Cicpc el día de los hechos, es decir el 15 de febrero de 2011, la cual posteriormente fue repetida con otro escenario, pues en la imagen ya modificada aparecía un blíster de Zolpidem, detalle que en la foto del día de los asesinatos no estaba.
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