La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a casi 300 años de cárcel a Dumitru R. N., en un caso que los agentes que declararon en el juicio consideraron el “asunto más grave de pedofilia de los últimos años”.
El hombre abusó sexualmente de menores, hechos que grababa y guardaba en vídeos para remitir a terceras personas. De hecho, se hallaron imágenes en una de las mayores redes de pedofilia que existen en Europa.
Dumitru R.N. además alardeaba en videos de los actos o se “grababa orgulloso” para luego difundir el material en redes de pedofilia.
Este material fue el que terminó de hundirlo, ya que en las imágenes mostraba su rostro, su tatuaje y su miembro.
La sentencia cuantifica 24 víctimas, la mayor de ellas de 13 años, entre 2012 y 2018. El agresor, de origen rumano, casado y con dos hijos, fue detenido en julio de 2018 y lleva desde entonces en prisión.
El agresor se ganaba la confianza de los padres de las niñas y se ofrecía para llevarlas y recogerlas del colegio. Así, las pequeñas acababan en su domicilio, donde perpetraba las vejaciones.
Las niñas eran grabadas en diferentes estancias. La fiscal subrayó en su informe que el acusado fue “tan torpe” que en los vídeos que grababa y difundía por las redes de pederastia mostraba su rostro, sus tatuajes y las estancias de su vivienda, lo que permitió que fuera identificado por los padres de las víctimas.
Los investigadores manifestaron que este es uno de los casos más graves de pedofilia, debido al número de víctimas y a la cantidad de imágenes de menores que el agresor tenía. Entre el material intervenido se encontraron “numerosos archivos con fotografías y vídeos relativos a menores de edad en claros y explícitos comportamientos sexuales, siendo algunos de ellos especialmente degradantes y vejatorios”, se lee en la sentencia. En el registro de su vivienda se hallaron cinco micro cámaras que había instalado para grabar a los menores.
El hombre fue arrestado en el marco de la Operación Balrog, que alude al nombre de las criaturas demoníacas ficticias que plasma el creador de El Señor de los Anillos, J. R. R. Tolkien, en sus obras.
Está condenado por ser el autor de seis delitos continuados de elaboración y distribución de pornografía infantil; ocho delitos de elaboración y distribución de pornografía infantil; cuatro delitos continuados de abuso sexual con penetración; dos delitos continuados de abuso sexual sin penetración; tres delitos de abuso sexual con penetración; cinco delitos de abuso sexual sin penetración; un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil, y nueve delitos de descubrimiento de secretos, con la concurrencia de la circunstancia agravante de abuso de confianza en los delitos cometidos sobre seis menores. En la sentencia se fija en 20 años el tiempo máximo de cumplimiento efectivo de la condena.
En 2018, la Interpol detectó la distribución de vídeos a través de “una de las redes pedófilas más peligrosas”, en las que se “intercambian consejos para evitar ser detectados por la policía”. Durante la celebración de la vista, el acusado reconoció haber abusado de más de una veintena de niñas bajo los efectos del alcohol y admitió también haber grabado esos abusos en su dormitorio con el objeto de difundir posteriormente esas imágenes en una red de pedófilos y otros canales.
Los magistrados se opusieron a aplicarle una eximente por alcoholismo, en contra de lo que había solicitado su abogado. Su mujer y su hija manifestaron en la vista oral que la adicción de Dumitru al alcohol lo llevó a cometer los abusos, un extremo al que se opuso la fiscal, dado que no estaba corroborado ni por informes forenses ni por las testificales prestadas por los familiares de las menores objeto de abusos. “No se aprecia en él patología psíquica con incidencia o alteración de sus facultades cognoscitivas y volitivas ni afectación en relación a los hechos enjuiciados”, se expone en la sentencia.
Además, se le condena al pago de indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil a algunas de las víctimas, que oscilan entre los 10.000 y los 20.000 euros, y entre los 2.000 y los 3.000 euros para los progenitores. El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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