El sacerdote que abusó de una niña empezó a agredirla desde que ella tenía 9 años. El clérigo, prófugo de la justicia, también fue inhabilitado para ejercer labores como docente.
Un juzgado de la región peruana de Áncash condenó a cadena perpetua a un sacerdote que abusó de una niña durante 5 años, agresiones que iniciaron cuando la menor tenía solo 9 años.
El clérigo fue identificado como Maurilio Villafana Morales y lo hallaron culpable del delito de violación de la libertad sexual de una niña, perpetrado entre 2014 y 2019, y ordenó su inmediata ubicación y captura, según informó el Poder Judicial.
El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Áncash impuso la pena, por unanimidad, contra Villafana, quien fue párroco del distrito de Mato, en la provincia andina de Huaylas, y empezó a abusar de la menor en 2014, cuando la víctima tenía 9 años.
«Los ultrajes continuaron, en reiteradas oportunidades, hasta el mes de abril del 2019«, señaló el Poder Judicial en un comunicado compartido en su cuenta de Twitter.
Este sacerdote que abusó de una niña, y que está prófugo, deberá pagar una reparación civil de 6.000 soles (unos 1.600 dólares) a la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva.
La sala ordenó su ubicación, captura e internamiento en el penal de Huaraz, capital de Áncash.
La sentencia también dispuso que este sacerdote que abusó de una niña quede inhabilitado para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación básica o superior, pública o privada, o en todo órgano dedicado a la educación, capacitación, formación, resocialización o rehabilitación.
A propósito de la violencia contra las mujeres en el país, el Gobierno de Perú aprobó este jueves 4 de mayo una estrategia multisectorial que plantea la «prevención, atención, protección y recuperación» frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y violencia sexual en las zonas rurales.
La estrategia «plantea un sistema integral frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar» en zonas rurales, «centrado en la articulación de los servicios que brindan las instituciones especializadas del sector público, privado y de la sociedad civil en los diferentes niveles regional, provincial, distrital y comunal».
Su intención es asegurar «el ejercicio pleno de sus derechos en su diversidad», con el objetivo de «articular recursos y capacidades» de los sectores para la prevención, atención, protección, sanción y recuperación de las víctimas de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, así como de violencia sexual en las zonas rurales.
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