La liberación de los policías ocurrió en la madrugada del miércoles 19 de julio, luego de la mediación de la magistrada Fanny Márquez Cordero, que consistió en el traslado de algunos reclusos a tres centros penitenciarios.
Maracay. Los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana Katerin Vargas, Rubén Rojas, Saulo Quiñones y Darwin Alvarado quedaron libres, luego de permanecer más de 30 horas sometidos por los reclusos del centro de atención al detenido de La Morita II, en el municipio Mariño del estado Aragua.
La liberación de los cuatro PNB se produjo aproximadamente a la 1:30 de la madrugada de este miércoles 19 de julio.
La mediación duró ocho horas y fue encabezada por la magistrada Fanny Márquez Cordero, miembro de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y de la Comisión de la revolución judicial en la región central del país.
A su salida del centro de detención, la magistrada Márquez conversó con los familiares de los detenidos y les informó sobre el traslado de un poco más de 70 reclusos de los 107 que se encuentran en el centro.
Márquez detalló, en ese momento, que 20 reclusos irían a la cárcel “26 de Julio”, en Guárico; 20 para el Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador”, ubicado en el sector de Tocuyito, estado Carabobo, y 20 para la cárcel de Tocorón. Sin embargo, a última hora y de manera extraoficial, se supo que son 38 los reclusos trasladados al centro penitenciario de Aragua.
“No es negociar, porque la anarquía no puede estar por encima de la justicia y el Estado, pero oyendo los planteamientos que ellos hicieron, completamos los grupos a ser trasladados. Nosotros no podemos sacar a los más de 100 privados para Tocorón y ustedes los familiares saben que eso es imposible”, señaló la magistrada.
La jueza Guerrero explicó que la mayoría de los reclusos que se trasladaron son procesados y apenas 10 son penados. Por cierto, dentro de la población reclusa del centro, también hay funcionarios policiales detenidos por su presunta participación en hechos delictivos.
Ese no es el deber ser –les dijo a los familiares– y sin embargo esta es la última propuesta que hacemos, una propuesta consensuada con los ministros de Interior y Justicia, con la de Servicios Penitenciarios y las autoridades en Caracas. De no aceptarla, se tomarán otras acciones”.
Luego de varios minutos, los reclusos accedieron y procedieron a liberar a los funcionarios. Los cuatro policías acudieron a centros asistenciales para una revisión médica.
Zozobra comunitaria
Mientras la situación de rehenes se prolongaba, también se extendía la angustia y la zozobra de los habitantes de la comunidad de La Morita II.
Y es que este centro de atención al detenido, que en principio se estableció en la zona como un centro de atención a la víctima, se convirtió en una pequeña cárcel en medio de una zona residencial. Lo bordean un colegio de Fe y Alegría, una cancha deportiva, un ambulatorio y a solo 500 metros se encuentra el núcleo de la Universidad de Carabobo.
Algunos vecinos, muy temerosos, pidieron la reubicación de ese centro de detención. A su juicio constituye un grave riesgo para la comunidad y para los estudiantes.
De hecho, durante el cautiverio de los cuatro policías, el paso hacia la zona no estuvo restringido y los habitantes permanecieron a puertas cerradas.
Mal precedente
“Se acaba de dar un mal precedente. Ganó el hampa”. Eso dice un funcionario policial recién jubilado que pidió a Crónica.Uno la reserva de su identidad.
Para el funcionario, lo ocurrido en La Morita, constituye una grave lectura sobre la actuación de muchos policías, acusados de extorsionar y cobrar vacunas.
Varios de los familiares de los reclusos insistieron en denunciar que debían pagar en dólares el ingreso de comida, agua, artículos de limpieza, por las visitas y por los traslados a tribunales.
Allí los principales culpables y responsables son los propios policías. ¿Cómo es posible que dentro de una comisaría, así le llamen centro de atención al detenido, haya granadas y pistolas? Los policías están secuestrados permanentemente, desde que decidieron transar con los delincuentes”, sostiene.
Para un abogado especialista en derechos humanos y cuya identidad se reserva, lo ocurrido en La Morita también es el resultado del retardo procesal, del hacinamiento que se registra en cada centro de detención preventiva y de la normalización de lo incorrecto.
No justifico la acción de los privados de libertad, pero creo que es urgente que las denuncias formuladas por los familiares en contra de algunos funcionarios policiales, se revisen y se sancionen”, refiere el especialista.
Durante las horas que los cuatro funcionarios policiales en Aragua permanecieron como rehenes, llegaron al lugar fiscales del Ministerio Público, una fiscal penitenciaria, una representación de la Defensoría del Pueblo, representantes de la Asamblea Nacional y de la Comisión de la revolución judicial, el representante de seguridad ciudadana del estado Aragua, así como efectivos policiales de la PNB y Sebin, entre otros organismos de seguridad del Estado.
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