Justicia española solicita orden de captura para Shakira acusada de un nuevo delito

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La barranquillera tendrá que sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados por otra demanda

Los problemas para la colombiana Shakira no cesan y nuevamente está en peligro con la justicia española, y es que, a pesar de que ya debía ser juzgada a partir del mes de noviembre a causa de todos los pleitos que ha tenido con la Hacienda española, ahora la fiscalía del mismo país la acusa de haber presuntamente defraudado seis millones de euros en las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio del 2018, utilizando un entramado societario con sede en paraísos fiscales en la nueva causa que le abrieron en el mes de julio.

La querella introducida hace unos meses ya había sido admitida, pero fue este martes que salieron a la luz los detalles de lo que ocurre, después de que la intérprete ya fuera notificada en su residencia de Miami, Estados Unidos. Un juzgado de Esplugues de Llobregat en Barcelona, lugar donde vivía la cantante antes de mudarse, abrió una segunda causa contra ella, ahora por dos delitos contra la Hacienda Pública.

Es por ello que, el próximo 20 de noviembre comenzará el juicio contra la barranquillera en la Audiencia de Barcelona, por defraudar 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, acusación que forma parte de otra causa que inició por un litigio de la Fiscalía de Delitos Económicos de la ciudad española. En concreto, la cantante defraudó a la Agencia Tributaria española 5.3 millones del impuesto de la renta sobre personas físicas (IRPF) correspondientes a los ingresos que le dejó su gira “El Dorado” en el 2018 y la cesión de sus derechos intelectuales.

Justicia española solicita orden de captura para Shakira acusada de un nuevo delito

Por otro lado, también se le achaca una deuda de 773 mil 600 euros en el impuesto de patrimonio por los 12 millones que posee en inmuebles y activos financieros. Cabe resaltar que, aunque se mudó de España, la artista conserva algunas propiedades en el país en el que vivió por muchos años junto a su expareja, Gerard Piqué. Asimismo, la denuncia refleja que Shak cobró parte de los ingresos que percibió por la cesión de sus derechos musicales a través de una sociedad onstituida en Luxemburgo con la que firmó “contratos simulados”.

Por otra parte, la cantante de “Suerte” utilizó otra sociedad instrumental en el 2017 para “contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes” a la mencionada gira, que incluyó 53 conciertos en 22 países, teniendo un exitoso proceso “legal” pese a que la firma carecía de actividad real, igual que la firma luxemburguesa que había usado anteriormente.

Tomando en cuenta que Shakira no está en el país, el Ministerio Público aceptó que pueda declarar por videoconferencia, pero, la Fiscalía pide una condena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23.8 millones, que de aprobarse la obligaría a regresar a Barcelona. De igual forma, la estrella cafetera aún tiene tiempo de salvar su “pellejo” y llegar a un acuerdo con Hacienda y la Agencia Tributaria catalana.


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